La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se ha mostrado «profundamente preocupada» por la criminalización de la disidencia en Nicaragua y ha advertido de que esta persecución contra líderes campesinos, estudiantes, políticos, periodistas y activistas lastra «inevitablemente» cualquier iniciativa de diálogo.

Las protestas que vivió Nicaragua entre abril y julio de 2018, desencadenadas en un primer momento por un plan de reforma de la seguridad social, se han traducido en cientos de detenidos, muchos de los cuales llevan recluidos en prisión preventiva «largos periodos de tiempo», según un comunicado del Alto Comisionado.

Bachelet ha recordado en dicha nota que «es un principio fundamental de la democracia que personas de todos los sectores de la sociedad puedan participar libremente en el debate sobre el futuro de su país, sin temor a ser arrestados o intimidados».

Varios tribunales penales en Managua han impuesto penas «extremadamente severas» contra varios líderes de la oposición y contra líderes
comunitarios desde el pasado mes de diciembre, mientras que también hay casos de personas que han huido de Nicaragua por temor a represión, entre ellos estudiantes, periodistas e incluso un juez de la Corte Suprema de Justicia.

El Alto Comisionado ha puesto en duda el desarrollo de estos juicios, ya que «en muchos casos» se han caracterizado por «falta de transparencia, cuestionamientos respecto a la credibilidad e independencia de los testigos, restricciones indebidas de las pruebas y testigos presentados por la defensa, y limitaciones de acceso de los acusados a sus abogados».

Entre los líderes condenados en estas últimas semanas en circunstancias «muy controvertidas» guran el líder estudiantil Jonathan López (5 años y tres meses de cárcel), los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena (216 y 210 años de prisión, respectivamente), y los exociales del Ejército Carlos Brenes y Tomás Maldonado, para los que la Fiscalía solicita más de 30 años.

DEFIENDE UN DIÁLOGO «GENUINO E INCLUSIVO»

Bachelet ha considerado que la detención de líderes de la oposición, «posiblemente en algunos casos como represalia por cooperar con la ONU», complica «la creación del entorno propicio para mantener un diálogo genuino e inclusivo, que el Gobierno dice querer». El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunció precisamente el jueves un nuevo intento de diálogo que comenzaría el 27 de febrero.

«Se necesita una revisión independiente de las condenas y las sentencias impuestas a los líderes de la oposición y activistas que participaron en las protestas para garantizar que los casos hayan sido tratados adecuadamente en cada etapa por la Policía, los fiscales y los jueces», ha resaltado la jefa de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Bachelet también ha instado a liberar a todos los que hayan sido detenidos por ejercer «su derecho intrínseco a la protesta pacífica y la disidencia», así como que quienes cooperan con la ONU y otras organizaciones de Derechos Humanos «no sufran represalias».

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